Seguridad y Estado de Derecho

Cero tolerancia a corrupción, impunidad, delincuencia y crimen. Policía Federal, policías estatales, ministerios públicos y procuración de justicia de clase mundial.

Cambiemos busca garantizar que la seguridad sea reconocida como un derecho ciudadano fundamental. La seguridad es la primera obligación que tiene el Estado para con los ciudadanos. Cambiemos pretende construir una nueva relación de los mexicanos con la legalidad, condenar y confrontar sin ambivalencias ni dudas a la delincuencia. La pobreza no es justificación de delincuencia. La aplicación de la ley y la lucha contra la impunidad deben ser primera prioridad en la agenda nacional.

Cambiemos exige un estado de derecho pleno, con Cero Tolerancia a la corrupción, a la delincuencia y al crimen sean quienes sean los perpetradores. Es urgente imponer en México la legalidad y el orden, y terminar de manera tajante con la impunidad.

Es urgente una estrategia clara y políticas públicas eficaces en seguridad, a partir del diseño de nuevos aparatos de seguridad eficaces y legítimos. Se requiere una estrategia especializada contra la delincuencia común y el pandillerismo local, en paralelo a una estrategia específica contra grandes organizaciones delictivas a gran escala en todo el territorio nacional terrestre y marítimo.
Es vital liberar todos los territorios asolados por la delincuencia organizada; recuperar el dominio total del Estado; restablecer la legalidad, el estado de derecho y la seguridad ciudadana.
Cambiemos busca combatir y debilitar al crimen organizado hasta convertirlo en un problema marginal para el Estado y la sociedad.

Cambiemos reconoce que no hay una correlación entre pobreza y delincuencia, que el delito es resultado de la codicia, y que depende de una matriz cultural al igual que del contexto institucional, jurídico, legal, de disuasión y de estado de derecho existente. La delincuencia organizada surge especialmente ante ventajas geográficas que proporcionan rutas y territorios con posibilidades para la producción y el tráfico de drogas, robo de combustible, robos al transporte, extorsión y secuestro, la ausencia de estado de derecho, una cultura ambivalente con la ley, y la incapacidad del Estado para ofrecer seguridad a través de aparatos y procedimientos eficaces. Es absurdo calificar a los pobres como inherentemente proclives a la delincuencia.

Es vital la construcción de 32 policías estatales de clase mundial, bajo protocolos comunes, carrera profesional, buenos salarios, capacitación de calidad, y equipamiento moderno, dentro de un sistema nacional policial.

Cambiemos reconoce y respalda la heroica actuación de nuestras fuerzas armadas y de sus familias; su entrega a la nación y su lealtad a las instituciones del Estado. Exigimos un apoyo absoluto a su labor y a su dignidad, y por devolverlas a las funciones para las que fueron creadas.

Cambiemos reconoce que transitoriamente el ejército y la marina deben participar en el combate al crimen, para lo cual debe dotárseles de un marco jurídico apropiado que ofrezca certidumbre, eficacia y coordinación.

Cambiemos reconoce que mientras no exista una Policía Federal o Guardia Nacional poderosa y de clase mundial, y policías locales eficaces y honestas, es un contrasentido hablar del retiro de las fuerzas armadas.

Es imperativo implantar plenamente en el territorio nacional a la Policía Federal o Guardia Nacional; y multiplicar por 10 sus efectivos, con la mejor inteligencia, tecnología, preparación y salarios. Debe estar bajo mando y control civil y contar con un programa estratégico de desarrollo a largo plazo. Transitoriamente, las fuerzas armadas deben brindar el apoyo necesario, con tiempos y metas claras para lograr una Policía Federal o Guardia Nacional eficaz cuyo alto desempeño permita el regreso de militares y marinos a sus cuarteles y tareas constitucionales.
El mando único policial en los estados es indispensable, y debe ir de la mano de la desaparición de todas las policías municipales raquíticas y corruptas, correa de transmisión entre el crimen organizado, la sociedad y las instituciones. Sólo municipios con suficientes recursos, capacidad y organización policial deben ser capaces de mantener a sus policías municipales.
Sin una Procuración de Justicia eficaz y expedita es imposible combatir la impunidad y restablecer el estado de derecho. Es preciso consolidar el Sistema Acusatorio y Oral, y hacerlo avanzar en todos los estados del país como esquema eficiente y transparente de impartición de justicia, con procesos abreviados.
Fotografía: Miguel Arteaga | FLYAPM | airliners.net

La portación ilegal de armas de fuego exclusivas de las fuerzas armadas, así como robos con armas y violencia, el secuestro, la violación, la extorsión, el robo de combustible, la delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto deben implicar prisión preventiva, y terminarse con la “puerta giratoria” para los delincuentes.

Debe emprenderse una reforma profunda de los ministerios públicos para asegurar investigaciones eficaces, a partir de nuevos sistemas de capacitación y evaluación, buenos salarios y una sólida carrera profesional. Cambiemos exige un sistema nacional de Ministerios Públicos con plenas capacidades legales, técnicas y morales, así como policías de investigación solventes y eficaces, capaces de utilizar tecnologías y procedimientos modernos de actuación. La nueva Fiscalía debe ser plenamente autónoma del Poder ejecutivo, y su titular nombrado con plena participación del Congreso, de especialistas reconocidos y de la sociedad civil.

Es imprescindible dotar de mayor presupuesto al Poder Judicial de la Federación para la construcción de las salas de audiencia de los Juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Penas, igualmente, capacitar a los Jueces y Magistrados, para asegurar que resuelvan los procesos penales conforme a los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.